En las últimas semanas, distintos centros educativos de la Comunidad de Madrid han vuelto a evidenciar una realidad ya recurrente: aulas que superan con frecuencia los 30°C en horario lectivo, patios aún más extremos y condiciones térmicas que dificultan el desarrollo normal de la actividad escolar. Esta situación, lejos de ser puntual, se está consolidando como un problema estructural asociado a la falta de adaptación climática de los edificios educativos, muchos de ellos construidos sin criterios de eficiencia térmica o ventilación y refrigeración adecuada.
Las consecuencias sobre los niños, niñas y equipos educativos están bien documentadas. A partir de los 26–27 °C en el interior de un aula se observa un descenso del rendimiento cognitivo, con especial impacto en la atención sostenida, la memoria de trabajo y la resolución de tareas complejas. Por encima de los 30 °C, el aula deja de ser un entorno adecuado para el aprendizaje continuado. Diversos estudios señalan reducciones medibles del rendimiento académico asociadas a incrementos incluso moderados de temperatura, además de un aumento de la fatiga, la irritabilidad y los síntomas físicos como cefaleas, mareos o deshidratación. En niños y niñas, especialmente en etapas de Educación Infantil y Primaria, el riesgo sanitario se incrementa de forma significativa.
En este contexto, no se trata únicamente de confort térmico, sino de condiciones básicas para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. El calor excesivo no afecta de forma homogénea: tiene un mayor impacto en la infancia en situación de vulnerabilidad, en centros con peores infraestructuras y en familias con menos recursos para compensar estas condiciones fuera del aula.
Desde Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, en coherencia con nuestra misión de defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, el compromiso con la equidad y la participación infantil y el trabajo educativo en entornos seguros y saludables, consideramos necesario visibilizar esta problemática y reclamar una respuesta estructural. La educación no puede desarrollarse en espacios que comprometen el bienestar físico y limitan las capacidades de aprendizaje. Nuestro Plan Estratégico 23-26 subraya la importancia de generar entornos educativos protectores, inclusivos y adaptados a las realidades sociales y ambientales actuales. En este sentido, la adaptación de los centros escolares al cambio climático es una condición imprescindible para garantizar la calidad educativa y la protección de la infancia.
Por ello, es necesario que las administraciones competentes adopten medidas urgentes y planificadas de climatización eficiente, rehabilitación energética, aumento de zonas de sombra, mejora de la ventilación natural y artificial, y renaturalización de patios escolares. Estas actuaciones deben abordarse desde una perspectiva de equidad territorial y social, priorizando aquellos centros más expuestos y con mayores dificultades estructurales.
Garantizar aulas térmicamente adecuadas no es un lujo, es una medida básica de salud pública, de justicia educativa y de protección de derechos de la infancia en un contexto de cambio climático ya presente.
Además, una adecuada inversión en la climatización y adaptación de las infraestructuras educativas permitiría ampliar el uso de estos espacios durante los meses de verano, convirtiéndolos en recursos comunitarios seguros y accesibles. Esto tendría un impacto especialmente relevante para aquellas familias que no disponen de sistemas de aire acondicionado en sus hogares, ofreciendo entornos frescos donde los niños y niñas puedan estar, convivir y participar en actividades educativas y de ocio en condiciones de bienestar térmico. Desde el enfoque del Buen Trato a la infancia, estos espacios se consolidarían como entornos protectores que cuidan de forma activa la salud, la dignidad y las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes, garantizando su derecho a crecer en contextos seguros, saludables y respetuosos también durante el periodo estival.